Por qué firmé

Alguien me pregunta por qué firmé el desplegado “que defiende a Anaya”. Le respondo que yo firmé uno en el que se pide no hacer uso de la Procuraduría General de la República con fines electorales. Ni para perseguir candidatos, ni para desprestigiarlos sin pruebas jurídicamente decisivas.

Firmé por eso, en el 2005, el desplegado en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Lo hice con la certeza de que era lo debido. Entre los 58 firmantes de entonces, lo mismo que entre los de ahora, había el propósito de advertir que no es suprimiendo desde el poder a un adversario político como se gana una elección.

“No es en los tribunales, sino en las urnas, donde deben ganarse limpiamente las contiendas políticas. Está en juego la legitimidad de las elecciones de 2006″. Eso firmé entonces, eso pienso ahora.

 El desplegado completo, pidiéndoles a los legisladores que debían decidir si procedía el desafuero, que midieran las consecuencias de su voto, no pude encontrarlo ni entre mis papeles, ni en la red. Pero aquí les dejo, sí, la nota del El País del 23 de febrero del 2005, que lo cita y lo desglosa con acierto.

Siempre es bueno recordar. 

 


“Hay que cuidar las instituciones, no envilecerlas”, ha dicho el alcalde de la capital mexicana, Andrés Manuel López Obrador (Partido de la Revolución Democrática-PRD), en referencia al presidente Vicente Fox. El portavoz del jefe del Estado ha replicado acusándole de promover “un clima de presión y polarización”. En la calle, miles de funcionarios y seguidores del alcalde se movilizan en contra del desafuero de la primera autoridad municipal, que podría apartarle de la carrera presidencial. México ya está en campaña electoral, aunque faltan 18 meses para la votación.

El alcalde responsabiliza a Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN), de querer impedir que sea candidato en las elecciones de 2006, porque las encuestas le señalan como favorito. “Separo lo que es la institución presidencial de lo que está haciendo el que representa ahora la institución presidencial”, ha dicho en su habitual conferencia de prensa matutina, y ha pedido, literalmente, “hacer una limpia en Los Pinos [residencia presidencial]“.

La respuesta no se hizo esperar. Rubén Aguilar, portavoz del presidente, advirtió: “No se puede pretender ganar por la vía de la difamación lo que se puede ganar por la vía de la razón”, y acusó al alcalde de prepotente por hacer uso de los recursos públicos en defensa de causas personales. Ésta es una de las críticas más recurrentes que recibe estos días López Obrador, que ha puesto en marcha la poderosa maquinaria del Ayuntamiento del Distrito Federal (capital) para movilizar a sus huestes en contra del desafuero. La Cámara de Diputados se pronunciará al respecto en los próximos días.

El tema más candente

No hay tema que concentre mayor atención de medios informativos, políticos e intelectuales. En un coloquio sobre gobernabilidad, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, expuso que desde el punto de vista jurídico, el desafuero es un tema controvertido, pero desde el punto de vista político sería “una imprudencia”. En otro escenario, Manuel Espino, aspirante del oficialista PAN en la carrera presidencial, declaró: “Se debe exigir que se respete la ley, nadie puede estar por encima de ella; para mí, Andrés Manuel es un delincuente, cometió un delito, violó la ley y tiene que pagar por ello”.

En este contexto de insultos, un grupo de 58 intelectuales y artistas ha intentado serenar los ánimos al tiempo que advierte de los riesgos que entrañaría quitarle la inmunidad al alcalde. En un comunicado publicado en varios diarios y dirigido a los diputados que deben tomar la decisión, los firmantes dicen compartir las suspicacias que levanta la solicitud de desafuero en amplios sectores, “que advierten el propósito interesado de suprimir a un adversario político”. “Sería un grave error”, añade el comunicado, “erosionar a la institución electoral, que es el único camino admisible para cambiar autoridades. Una atmósfera de desconfianza y escepticismo conduciría, previsiblemente, a abstenciones masivas o, en el peor, de los casos, a turbulencias imprevisibles”.

Entre los firmantes hay intelectuales de distinto sesgo ideológico como Sergio Araguayo, Héctor Aguilar Camín, Sergio Pitol, Laura Esquivel, Ángeles Mastretta, Carlos Monsiváis y Juan Villoro. “No es en los tribunales, sino en las urnas, donde deben ganarse limpiamente las contiendas políticas. Está en juego la legitimidad de las elecciones de 2006″, sostienen en su declaración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de febrero de 2005