Supongamos que fueran santos: digamos no al pase automático

Supongamos que todos quienes trabajan en la administración pública son ángeles. Ni así sería justo, correcto, debido, concederle la Fiscalía General de la República a Raúl Cervantes. Porque es muy amigo de quienes estarían en la mira de su juicio. Si el presidente, si sus colaboradores son, todos, como se dicen, pozos de honradez, pulcritud y sabiduría, ¿por qué se empeñan en que los juzgue su amigo? Habla muy mal, sin duda muy claro, de ellos esta vulgaridad con la que quieren ganar a toda costa el pase automático de su procurador a la Fiscalía.
El nuevo fiscal ha de juzgarlos a ellos y a quienes gobiernen los siguientes años. Se dan por aludidos con gran facilidad, se ve que no están muy seguros de que habrá otros peces en el caos administrativo y judicial en que vivimos. O estarán por completo seguros de que ellos tiene mucho en donde buscarles. Una prueba de la pulcritud que pregonan sería, sin duda, dejar el litigio en el que se han metido para prevalecer ahora y en el futuro. Como si el futuro también les perteneciera.

Más largo y detallado, aquí abajo. Texto que se publicó ahora.

No al pase automático de Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la República.

La mayor evidencia de la pésima calidad de la administración, procuración e impartición de justicia en México es la impunidad. Ello impide el castigo a quienes violan la ley, especialmente a los poderosos y se constituye en una de las principales causas de la indignación social, del divorcio y desconfianza entre los operadores y representantes políticos y la sociedad civil. La impunidad es fuente de violencia, corrupción, violaciones a los derechos humanos e ingobernabilidad.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017, nuestro país ocupa el lugar 66 de 69 naciones con los mayores niveles de impunidad. Sólo siete de cada 100 delitos cometidos se denuncian, y alrededor del 98% de los casos quedan sin sentencia. La raíz de la impunidad mexicana reside en un modelo disfuncional que no atiende las causas ni los efectos de la criminalidad. Buena parte de esta responsabilidad está en las procuradurías, que son instituciones que no investigan bien o fabrican delitos por consigna.

Nuestras procuradurías fueron diseñadas como un instrumento de control político y de administración selectiva de la justicia, ajenas a las víctimas, la reparación del daño, la garantía de derechos y el debido proceso. Eso explica su arquitectura institucional, su modelo de gestión, sus prácticas institucionales, los recursos humanos con los que cuentan, la falta de recursos para que realicen sus tareas con eficacia, la ausencia de mecanismos de control y su desapego al principio de igualdad ante la ley.

Para erradicar ese diseño perverso y garantizar su autonomía se incluyó, en las reformas constitucionales de 2013, la creación de la Fiscalía General de la República (FGR) en sustitución de la actual Procuraduría General (PGR). No obstante, la discusión soslayó su funcionamiento, es decir, la posibilidad real de crear una fiscalía independiente de los poderes políticos, así determinó que quien fuera procurador en el momento de la transición se convertiría automáticamente en el primer fiscal “autónomo” transexenal por nueve años, y que el personal de la PGR formaría parte de la nueva Fiscalía.

Raúl Cervantes Andrade actual Procurador General de la República, es un reconocido militante y abogado del PRI, que pertenece al primer círculo presidencial, lo cual implicaría un obvio sesgo en su actuación como fiscal general.

El régimen priísta se opone a una verdadera autonomía e independencia en la institución que reemplazará a la PGR, y lo que busca es garantizar protección e impunidad más allá del presente sexenio a quienes se han enriquecido y beneficiado ilegalmente al amparo del poder. No olvidemos que este sexenio se ha caracterizado por tener los más escandalosos actos de corrupción, hechos que se han caracterizado por una ausencia total de investigación y que han provocado el hartazgo de todos los sectores incluido el empresarial. Lo que pretende es dejar impunes a los políticos corruptos que, además, han cometido graves y numerosas violaciones a los derechos humanos, seguir encubriendo a las extensas redes de complicidad que han tejido con recursos públicos.

Por todo lo anterior, nos sumamos a las voces de que desde la sociedad civil y la academia exigen que la nueva Fiscalía no herede los vicios de la actual Procuraduría:

• Nos oponemos al pase automático del actual procurador. Por ningún motivo Raúl Cervantes, o cualquier otra persona ligada a los intereses del poder, puede ser Fiscal General de la República. Ello significaría imponer a un guardaespaldas transexenal del actual régimen.

• El objetivo central del diseño de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República debe ser construir una institución realmente autónoma, independiente y profesional, que responda con imparcialidad a la razón técnica de la ley y no a criterios de oportunidad política, que sea un pilar sólido del Estado de Derecho, la justicia, la seguridad pública y la gobernabilidad democrática.

• Es necesaria una reforma integral al artículo 102 que contemple los aspectos mínimos para garantizar la autonomía, independencia, funcionalidad operativa, personal calificado y suficiente, transparencia y rendición de cuentas de la Fiscalía General.

• Las leyes para regular la Fiscalía General deben ser resultado de un amplio debate técnico, informado, transparente y con una importante participación de la sociedad civil.

• El proceso para la selección y designación del Fiscal General de la República tiene que ser modificado de tal suerte que incorpore de manera expresa las garantías de idoneidad, publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil en todo el proceso de selección, asegurando que la persona elegida no tenga filiación partidista y cuente con una reconocida trayectoria de honestidad, congruencia e imparcialidad; en suma, alguien a quien no le tiemble la mano para hacer aplicar la ley a quien la haya violado, sea quien sea.

La Fiscalía General de la República es pieza esencial del Sistema Nacional Anticorrupción. Adquiere mayor relevancia debido a que por una deficiencia en el diseño legislativo, la Fiscalía Anticorrupción estará totalmente subordinada a ella. Por ello, si bien conviene evitar que el fiscal anticorrupción sea un alfil del régimen, es mucho más importante que el fiscal general sea autónomo y honesto.

Así pues, hacemos un llamado al Senado de la República a que actúe con responsabilidad. Su disyuntiva es configurar una Fiscalía General fuerte y sólida que contrarreste la corrupción y erradique la impunidad, o bien cargar con la ignominia de haber conservado el manto de impunidad que protege a los poderosos.

Las sociedades de Chihuahua, de Veracruz y de Quintana Roo impidieron que los entonces gobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge aseguraran su impunidad con mecanismos similares. Si los senadores no escuchan la voz de la ciudadanía y permiten el pase automático del actual procurador o la imposición de alguien cuya misión sea cuidar las espaldas del presidente de la República y su camarilla, habrán perpetrado un golpe inaceptable contra la construcción de un Estado democrático de derecho y se habrán colocado del lado de la impunidad que este régimen pretende perpetuar.